Derecho penal de la construcción

aspectos urbanísticos, inmobiliarios y de seguridad en el trabajo

Pozuelo Pérez, Laura (ed.)

La Constitución española establece, en su artículo 47:
«Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.
La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.»
Según el Informe Global de la Corrupción 2005 de Transparency International, «ningún otro sector tiene la corrupción tan arraigada como el sector de la construcción», pudiendo cifrarse en 4 billones de dólares anuales el dinero destinado a compras gubernamentales en todo el mundo . El Informe Global de la Corrupción de Transparency International-España correspondiente a 2006 realiza un análisis de la corrupción en el ámbito local, en relación con el urbanismo y la especulación, que señala que «en términos globales, el ámbito donde la corrupción es más elevada en España es el del nivel local de gobierno», al que considera un «foco de corrupción permanente» . Por su parte, el Informe Global 2007 sobre la Corrupción en España, también emitido por Transparency International, comienza con la afirmación de que «la multiplicación de escándalos vinculados a la denominada «corrupción urbanística» está reforzando la imagen «cínica» de la ciudadanía española sobre nuestros gobernantes y contribuyendo a deslegitimar las instituciones democráticas» .
Especialmente incisivo resulta el Informe Global de la Corrupción de 2008 que señala: «La corrupción urbanística produce muy diversos efectos en tres niveles, en el nivel social, en el económico y en el político y todos ellos afectan a la calidad de la democracia».