Derechos humanos y discapacidad

informe España 2022

VV.AA.

Han pasado catorce años desde que el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad publicara el primer Informe España de Derechos Humanos y Discapacidad, casi tres lustros en los que la sociedad civil española de las personas con discapacidad y sus familias, organizadas bajo el paraguas común del CERMI Estatal, han venido documentando los hechos más relevantes en materia de derechos humanos desde la perspectiva de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD). Un Tratado internacional que, es dable resaltar, forma parte de nuestro ordenamiento jurídico y que señala al Estado que el único paradigma válido para tratar las cuestiones de la discapacidad son los derechos humanos.
Con este decimoquinto Informe, el CERMI busca amplificar la voz de las denuncias más significativas sobre vulneraciones a los derechos humanos de todas las personas con discapacidad que habitan en España, reseñar aquellos avances que han tenido lugar para promover la inclusión y reconocer la valía de las propuestas de mejora que amplían la esfera de ciudadanía de las personas con discapacidad.
La CDPD es una herramienta de desarrollo para que toda sociedad valore la diversidad, respete la igualdad y ofrezca un medio idóneo de encauzar todo el potencial de las personas con discapacidad. En este sentido, el CERMI a lo largo de sus veinticinco años de andadura ha asumido su compromiso con la defensa de las libertades y derechos fundamentales de las personas con discapacidad.
En las páginas que contienen el Informe, se ha reunido una valiosa información que el movimiento social de la discapacidad organizada, articulada en torno al CERMI, pone al servicio de los poderes públicos, los operadores jurídicos, el tejido asociativo del tercer sector social, los organismos de derechos humanos, los medios de comunicación y la sociedad civil, con el fin de que toda la ciudadanía pueda tomar conciencia del estado de situación que nos ha ofrecido el 2022 en materia de derechos humanos y discapacidad. Un balance que no es positivo ya que a la luz de las conclusiones que arroja, las denuncias superan con creces a los avances.