Editorial: Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales
Número de páginas: 302 págs. 24.0 cm
Fecha de edición: 01-07-2025
EAN: 9788413819808
ISBN: 978-84-1381-980-8
Precio (sin IVA): 33,65 €
Precio (IVA incluído): 35,00 €
En los últimos años, la democracia constitucional da muestras de debilidad generalizada. Reflejo paradigmático de esta situación es la erosión institucional y la progresiva fragilidad del Estado de Derecho. En este volumen se analiza de forma detenida este proceso dedicando particular atención al caso español. El propósito del autor es reflexionar sobre las dinámicas que han conducido a la crisis actual de las estructuras constitucionales y advertir de los riesgos que entraña el progresivo deterioro del Estado de Derecho.
La obra parte de una premisa clara: el equilibrio entre el principio democrático y el principio de legalidad ha sido progresivamente sustituido por una hipertrofia del primero, en detrimento del segundo. A través de un recorrido que conjuga el análisis jurídico con el contexto político y social, se argumenta que este desequilibrio ha propiciado la banalización de los límites institucionales y la normalización de prácticas que, bajo una apariencia democrática, socavan los pilares del orden constitucional.
Organizado en cuatro partes, el texto aborda, en primer lugar, las causas generales del fenómeno: la revolución tecnológica, la polarización ideológica, el auge del populismo y la transformación del espacio público. A continuación, se analizan las principales instituciones del sistema político español: el Parlamento, los órganos constitucionales, la forma de gobierno y la administración del Estado. En su tercera parte, se estudian los hechos más relevantes de la XV Legislatura, como la ley de amnistía, la relación entre Gobierno y Poder Judicial o la tensión territorial. Finalmente, se proponen líneas de reforma y fortalecimiento institucional.
Este libro quiere ser una llamada de atención frente a la tentación de asumir como normal lo que, desde la lógica constitucional, debe ser considerado una anomalía. Lo hace desde la convicción de que aún es posible reconducir la situación si se revalorizan los principios que definen a la democracia constitucional: legalidad, control del poder y respeto institucional.