La intervención pública en el tráfico de bienes culturales

Brufao Curiel, Pedro

Galerías y ferias de arte, museos, coleccionistas, fundaciones privadas, arqueólogos, inversores, anticuarios, entidades religiosas, restauradores, marchantes, Administraciones públicas y hasta quienes por simple casualidad encuentran restos de valor cultural están sometidos a una plétora de normas que inciden en el tráfico de bienes culturales. La mera posesión, su importación o exportación, las condiciones de su guarda y conservación, el mercado de obras culturales y la aplicación de normas de Derecho privado en el tráfico entre particulares se ven condicionadas en grado sumo por la intervención del ordenamiento jurídico público, que incluye tanto normas administrativas nacionales como internacionales y europeas, alcanzándose las de naturaleza penal. Este ordenamiento se refiere incluso a la prevención del blanqueo de capitales y a la restitución de obras que sufrieron la rapiña nazi o el saqueo en guerras más cercanas en el tiempo. Dicha intervención se acrecienta máxime cuando España cuenta con un rico patrimonio cultural y se fomenta un creciente turismo especializado, al que sirven desde nuevos museos a exposiciones temporales destinadas al gran público