Editorial: Actas Editorial
Colección: Historia contemporánea
Número de páginas: 644 págs. 25.0 x 16.0 cm
Fecha de edición: 03-10-2023
EAN: 9788497392198
ISBN: 978-84-9739-219-8
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El acceso a documentos del Cuerpo Jurídico Militar que permanecie-ron inéditos hasta hace pocos años ha permitido al autor el estudio de los expedientes de condenados a muerte que, a partir de 1939, fueron remitidos al Jefe del Estado, Francisco Franco, para que deci-diera la ejecución o la conmutación de la pena capital.
En números redondos, durante la posguerra los tribunales militares condenaron a muerte a 30.000 personas, de las que fueron ejecuta-das la mitad, unas 15.000. Estas cifras son muy inferiores a las pu-blicadas hasta ahora, ninguna de las cuales tenía soporte documen-tal. Coinciden, sin embargo, con investigaciones locales rigurosas, como las efectuadas por la Generalidad de Cataluña y el Ayunta-miento de Madrid.
El factor determinante para establecer si un condenado era ejecuta-do o no era su responsabilidad en delitos de sangre, bien como autor material, bien como responsable directo de su inducción. Si no exis-tía prueba suficiente de esa responsabilidad, la pena era conmutada. Por dicha razón fueron indultados la gran mayoría de los mandos del Ejército Popular de la República, los Comisarios Políticos, los miem-bros de los Comités revolucionarios, los espías o los guerrilleros. Las acciones de guerra no se consideraron actos criminales.
En la mayor parte de los casos, la pena capital era sustituida por la inferior en grado: reclusión perpetua, equivalente a 30 años. Gracias a sucesivos indultos, ningún condenado llegó a cumplir siquiera la cuarta parte.
Los consejos de guerra se caracterizaron por una generalizada falta de garantías, pero esta lacra fue matizada en parte por una Orden del propio Franco de enero de 1940, que estableció de oficio la revi-sión de todas las sentencias por parte de los auditores militares, ju-ristas de profesión. Los auditores cuestionaron miles de sentencias y recomendaron la conmutación de casi la mitad de las condenas, cri-terio que salvo un puñado de casos —inferior al 2 por 1.000 del to-tal— asumió el general Franco.
