Editorial: Aranzadi
Colección: Estudios
Número de páginas: 736 págs.
Fecha de edición: 05-05-2014
EAN: 9788490593974
ISBN: 978-84-9059-397-4
Precio (sin IVA): 115,38 €
Precio (IVA incluído): 120,00 €
La experiencia acumulada del autor durante veinticuatro años como funcionario de distintas Instituciones públicas constituye un bagaje suficiente para escribir sobre "La transparencia informativa de las Administraciones públicas. El derecho de las personas a saber y la obligación de difundir información pública de forma activa". Se analiza la situación legal y judicial existente en las principales democracias del mundo y en el ámbito de Naciones Unidas, Consejo de Europa y Unión Europea.
El presente trabajo de investigación constituye una poderosa herramienta para saber quién, cómo, cuándo, dónde y a qué tipo de información financiada con fondos públicos se puede acceder por parte de los ciudadanos. Y lo que es más importante: qué recursos administrativos y judiciales se pueden presentar cuando la información no es facilitada y cuáles son sus consecuencias disciplinarias, patrimoniales y penales. Se examinan con detalle la nueva Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, así como la normativa autonómica existente en la materia.
Es objeto de especial estudio el acceso a la información sensible: adjudicatarios y coste final de los contratos públicos; datos urbanísticos y medioambientales; presupuesto y cuentas públicas; sueldos, dietas y viajes de los cargos electos y funcionarios; financiación de partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales; listas de espera sanitarias y de vivienda; beneficiarios de subvenciones; publicidad institucional; los servicios públicos de interés general prestados por entidades privadas -telecomunicaciones, electricidad, gas, servicios postales- y los concesionarios de servicios públicos -agua, residuos, transporte, sanidad- etc.
La información que se resiste a ser publicada es toda aquella que permite a los ciudadanos controlar la gestión de los asuntos públicos, exigir la rendición de cuentas y denunciar casos de despilfarro o corrupción. La transparencia es como la sinceridad: se exige la ajena y se limita la propia.
