Editorial: Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales
Colección: Manuales universitarios
Número de páginas: 370 págs. 24.0 cm
Fecha de edición: 08-01-2014
EAN: 9788415664727
ISBN: 978-84-15664-72-7
EAN: 9788472489936 (o.c.)
ISBN: 978-84-7248-993-6 (o.c.)
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El presente tomo de los Principios de Derecho civil del profesor Lasarte afronta la exposición de las diversas figuras contractuales características del Derecho civil que, como es sabido, han constituido el punto de partida de la disciplina de la contratación en otros sectores del Derecho. Previamente, desarrolla la llamada teoría general del contrato, quintaesencia de la problemática contractual, según la enseñanza clásica en la materia. Como es norma del profesor Lasarte, desde hace cuatro lustros, la edición se presenta revisada y actualizada, incorporando las recientes sentencias del Tribunal Supremo y atendiendo a las modificaciones legislativas de particular interés en la materia: entre ellas, obviamente las introducidas en la vigente LAU por el artículo primero de la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas, con la finalidad de reforzar la libertad de pactos, facilitando el desistimiento del contrato en beneficio del arrendatario y, de otro lado, limitando los plazos de duración contractual y de las posibles prórrogas de los arrendamientos urbanos. Por su parte, el artículo segundo de dicha Ley 4/2013, tiene por objeto la reforma de diversos preceptos de la LEC-2000, con la finalidad de agilizar los procesos de desahucio de finca urbana o rústica con carácter general, colocándose así el legislador en una extraña posición, pues precisamente la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, publicada pocos días antes, tiene como designio principal lo contrario. En efecto, la publicación de la Sentencia del TJUE de 14 de marzo de 2013 determinando la falta de adecuación del sistema de ejecución hipotecaria español respecto de las exigencias de la Directiva 93/13/CEE, sobre cláusulas abusivas contrarias a los intereses de los consumidores, ha desembocado en el hecho de que el Gobierno promoviera la citada Ley 1/2013 poniendo de nuevo en la palestra la necesidad de considerar la cuestión central de las cláusulas abusivas en las condiciones generales de la contratación.