Rectores y privilegiados

crónica de una universidad

Bermejo Barrera, José Carlos

Las universidades españolas son un auténtico agujero negro de la información. Todas las noticias acerca de ellas salen directamente de sus gabinetes de prensa o de las declaraciones públicas de su rectores, quienes, junto con las autoridades políticas autonómicas y estatales, por una parte, desarrollan un discurso autocomplaciente que llega al esperpento y, por otra, no cesan de pedir dinero, dando a entender que esa supuesta falta de dinero es el único problema de unas universidades perfectas, en las que no se ha conocido ningún caso de corrupción económica o política, precisamente en un país en el que la corrupción alcanza a todas las instituciones, desde la monarquía hasta los ayuntamientos, los partidos y todos los sectores económicos.
El logro de la opacidad absoluta de las universidades ha sido posible gracias al muro protector que han construido los rectores, quienes tienen a la vez el poder ejecutivo, el legislativo –ya que las universidades hacen cientos de normas que a veces contradicen las leyes superiores– y el judicial –un rector puede juzgar a su personal nombrando jueces instructores que son sus subordinados–. Los rectores son los únicos cargos públicos que resuelven ellos mismos los recursos contra sus propias resoluciones y contra las normativas que aprueban en sus órganos de gobierno, por lo que su poder es omnímodo y no es contrarrestado por los profesores –a los que se ha dividido en una competición cainita constante por los méritos y el dinero–, ni por unos alumnos desmovilizados que no son capaces de comprender el galimatías normativo y son manipulados en el mundo complejo y barroco de los órganos de gobierno en los que ya no quieren entrar