Voluntad vital anticipada en el sistema sanitario público de Andalucía

la realidad sociosanitaria del distrito sanitario Córdoba y Guadalquivir

Jiménez Rodríguez, José Manuel

Salud es un término acuñado por la Organización Mundial de la Salud en el año 1948 para referirse al «estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afección o enfermedad» (Huber et al., 2011). Hablar hoy día del binomio salud-enfermedad implica ir más allá del mero bienestar físico y emocional de la persona. Estos dos estados se encuentran estrechamente influidos por la genética, los estilos de vida o el medio ambiente. También por la medicina y la farmacología. Factores que determinan el ciclo vital de la persona.
España al igual que otros países de la Unión Europa ha experimentado importantes avances en el campo de la medicina y la biotecnología. Esto provoca un aumento en la esperanza de vida de la población, así como la inversión de la pirámide poblacional (Pérez, 2010). Dicha situación suscita la manifestación de nuevas enfermedades en el individuo. Al igual que novedosas formas de combatirlas desde la medicina preventiva y paliativa. La medicina tiene entre sus objetivos prolongar la vida del individuo hasta el extremo. Este hecho contribuye al desarrollo de técnicas y procedimientos asistenciales cada vez más depurados. El uso de dichas técnicas, a veces invasivas, requiere la aceptación previa del paciente. Mantener a este con vida durante el mayor tiempo posible puede impactar perniciosamente sobre su organismo. La utilización no deliberada de prácticas terapéuticas intrusivas colisiona con el derecho del paciente. Su supremacía aplicativa conduce a debate y reflexión. Dicho debate surge tras la obligada necesidad de respetar las decisiones del paciente. Sobre todo en los estadios finales de la vida. Existe un alto consenso entre pacientes y profesionales de la salud sobre el derecho a morir dignamente (Street y Kissane, 2001). Derecho sanitario que se aleja de actuaciones clínicas encarnizadas. Del discurso ético a la muerte digna deriva la necesidad de su regulación normativa. Aprobar dicho precepto salvaguarda el derecho a la autodeterminación del paciente. Especialmente, cuando la enfermedad se antepone a la capacidad de expresar.